El drama del aborto en El SalvadorSi no tienes dinero, acabas en la cárcel por homicidio

La interrupción del embarazo no es para pobres en El Salvador. Perder un bebé está sancionado con hasta 8 años de cárcel si se considera aborto, y hasta con 50 si pierde la vida en el parto por considerarlo homicidio agravado aunque se trate de complicaciones médicas.

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“Estaba embarazada, perdí a mi bebé y me condenaron a 50 años de prisión por homicidio agravado”. Es el resumen de la historia de muchas mujeres en El Salvador.  Algunas ni siquiera sabían que estaban embarazadas hasta que sufrieron un aborto espontáneo.

La legislación de El Salvador sobre el aborto es tan dura que Naciones Unidas ha instado al país a retirar esas leyes que califica de “draconianas”.

Desde 1998 el Código Penal lo castiga en todos los supuestos.

Ante esta situación, las que cuentan con recursos económicos traspasan las fronteras si quieren interrumpir su embarazo. Su otra opción es acudir a una clínica privada donde con dinero se arregla todo y se compra el silencio. Las que no pueden permitírselo o simplemente acaban en la sanidad pública por una complicación, acaban condenadas.

Son los propios funcionarios sanitarios que deben asistirlas cuando sufren complicaciones quienes denuncian a las mamás por homicidio para no ser considerados cómplices del aborto.

Según el artículo 133 del Código Penal, las penas por abortar varían entre los 2 y los 8 años de prisión.  Pero es en la interpretación de la norma donde se complica todo y un aborto se convierte en un homicidio agravado, penado con hasta 50 años de cárcel. La clave está en la propia idiosincrasia del país, la mentalidad conservadora, la falta de medios y de educación en gran parte de la sociedad y la religión.

La tasa de embarazos entre menores en El Salvador es preocupante, especialmente en menores de 14 años. Un problema reconocido por el ministerio de Sanidad, pero la moral cristiana del país impide que haya avances en cuanto a educación sexual.  En las zonas rurales apenas hay conocimiento de las medidas de prevención y la falta de recursos hace que los jóvenes busquen remedios caseros. En muchos casos llevan el embarazo en secreto y, bien por vergüenza o por miedo a ser detenidas, las jóvenes se autoinducen el aborto. En los peores casos , acaban con graves lesiones y perdiendo la vida. Y si pasan por un hospital público las esposan en la misma camilla en que son atendidas.

Luego comienza una vida de hacinamiento entre rejas. Las cárceles de mujeres como la de Ilopango han llegado a sobrepasar el 900% de su capacidad. Allí viven hacinadas y una mujer que ha abortado está peor vista y recibe peor trato que cualquier presa por robo, atraco o asesinato.

 

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13 de febrero, 2019

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